José Luis Camacho Acevedo 

Las campañas electorales basadas en guerra sucia tienen efectos perjudiciales para la democracia, degradan a los partidos políticos y a los candidatos, aumentan la desconfianza ciudadana y hacen del abstencionismo una mejor opción. 

Este 2022, se avecina un nuevo proceso electoral y conforme se acerca la sucesión presidencial, las campañas se hacen cada vez más agresivas, pero ojalá fuera con ideas que invitan al debate, ya que por lo que pudimos observar en los comicios pasados fue la abundancia exagerada de descalificaciones, denostaciones y ataques en contra de las y los candidatos y su vida personal. 

Después de la controvertida elección presidencial de 2006, se aprobó la reforma político-electoral, que restringe e impone sanciones a partidos y candidatos que incurrieran en mensajes denigratorios. El ideal no se logró, no se acabó la guerra sucia, y nuestras instituciones demostraron que no cuentan ni con la fuerza ni con los elementos, y quizás tampoco ni con la voluntad para acabar con los viejos vicios que en nada abonan a la democracia.

Mientras tanto, en las seis entidades que elegirán gobernador el próximo 5 de junio, hay pendientes que resolver. Con la finalidad de conocer cuáles son las problemáticas más apremiantes de cada estado, en el plano económico, el think tank México ¿Cómo Vamos? construyó la herramienta denominada “Semáforos Económicos”, en la cual evalúan variables económicas durante el periodo de las administraciones salientes. 

A continuación, detallaré algunas que considero las más relevantes:

En la variable de crecimiento económico, los estados más sobresalientes fueron Aguascalientes y Quintana Roo, con una tasa anual de crecimiento promedio superior al 5%; mientras que Oaxaca, Durango y Tamaulipas no superaron el 3%. 

En lo que respecta a la generación de empleos, nuevamente sobresale Aguascalientes superando su propia meta con 108% de nuevos trabajadores formales registrados ante el IMSS; por otro lado, los gobiernos de las siguientes entidades no alcanzaron ni siquiera el 35% de su meta: Tamaulipas e Hidalgo; y muy rezagados quedaron Oaxaca con 17%. 

Las administraciones de ciertas entidades que resultaron bastante deficientes en la generación de empleos y crecimiento económico, no lo fueron en cambio en el aumento de la deuda pública, como Oaxaca, que aumentaron su deuda hasta 2 puntos como porcentaje del PIB Estatal. 

En lo que respecta a la medición del Estado de Derecho, la ONG advierte que no existe una única forma de medir el Estado de Derecho en México a nivel estatal y que los esfuerzos por lograrlo son muy preliminares y podrían clasificarse en dos enfoques: (1) cumplimiento de contratos, y (2) eficacia del sistema de justicia. En base a sus resultados en la variable del Estado de Derecho, los estados mejor calificados son: Durango, Quintana Roo y Aguascalientes. 

El ejercicio anterior es para presentar con números y variables económicas que tan buenos o malos fueron los gobiernos que próximamente serán renovados, con la finalidad de que las y los ciudadanos tomen una decisión más informada.