*Matrimonio de niñas en nueve municipios de La Montaña y Costa Chica

*Es la pobreza la que orilla a la entrega de las niñas a cambio de una dote

Por Verónica Castrejón Román

Acapulco, Gro., 12 de marzo de 2022. La pobreza estructural y la violencia institucional generan más violencias a las mujeres y niñas de los pueblos originarios de Guerrero, al tiempo que el desconocimiento y menosprecio de su cosmovisión, por parte de las autoridades y la sociedad,  las revictimiza; por ejemplo, cuando se habla de matrimonios forzados pues no deben ser llamados así.

Así quedó de manifiesto en el Conversatorio virtual “Situación de vida de las mujeres y las niñas de La Montaña de guerrero”, organizado ayer  por el colectivo de mujeres 50+1 Capítulo Guerrero que encabeza la exsenadora por la LVII Legislatura, Guadalupe Gómez Maganda y que agrupa a mujeres de diferentes partidos políticos, tales como el PRI, PRD, PAN y el MC.

Sus invitadas de honor fueron las luchadoras sociales y activistas indígenas Felícitas Martínez Solano, quien fuera la primera mujer coordinadora de la Coordinadora regional de Autoridades Comunitarias Policía – Comunitaria (CRAC-PC) y que actualmente es senadora suplente por Morena, y Martha Ramírez Galeana, directora del Centro Coordinador de Pueblos Indígenas de la Montaña e integrante del Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan.

A través de la videoconferencia, ambas defensoras de los derechos humanos, narraron las dificultades que atraviesan las niñas de las comunidades indígenas para sobrevivir o regresar ilesas a sus casas de actividades tan cotidianas, como el ir a la escuela.

“No todo lo que hay en la comunidad es malo, pero hay muchos rezagos; mi comunidad tiene más acceso a la comunicación, pero hasta hoy no hay secundaria y las niñas tienen que caminar más de dos horas para llegar a la cabecera municipal de Tlacoapa, lo que significa levantarse a las cuatro de la madrugada y caminar el cerro y bajar laderas”; en se trayecto, continuó Martha Ramírez, el riesgo que enfrentan para poder llegar a la escuela “son los casos de violencia sexual”.

Felícitas Martínez Solano cuestionó a algunas de las convocantes que han fungido como diputadas o senadoras para decirles que es necesario que de verdad, ya se haga algo para lograr el desarrollo económico de los pueblos originarios: “Desde hace veinte años vengo oyendo que dicen que Metlatónoc es el municipio más pobre de América Latina… y no pasamos de eso”.

Agregó enseguida que hay pueblos sin maestros ni doctor en donde es urgente una estrategia en la que tomen parte los tres niveles de gobierno;  “el Congreso, la Fiscalía; pero no hay intérpretes, nadie que dé seguimiento al proceso; deben entrarle pero con el desarrollo económico, o vamos a seguir igual”, lamentó.

Luego, la luchadora social reprobó que se llame matrimonios forzados a los usos y costumbres de sus comunidades. Y detalló uno en el que primero va el “el embajador con la luz y si no le aceptan la palabra tres veces, la muchacha no se casa; su decisión es respetada; esos son los procesos en los pueblos; van de respeto”.

La venta de niñas; así no era, ¿qué fue lo que nos pasó?

“A veces dicen que los pueblos indígenas son así; que los pueblos Tu’Un Savi venden a las niñas, que los pueblos Me´Phaa hacen esto con las niñas; sí hacen esto pero no regresamos a mirar todo lo que hay dentro, todo el viacrucis que tenemos que enfrentar; todo ese escenario para poder llegar a donde estamos”.

Es la voz de  Martha Ramírez Galeana quien narró cómo ella fue una de esas niñas que tuvo que caminar más de dos horas para poder cursar la primaria y luego emigrar para estudiar secundaria, lo mismo que Felícitas, sin saber hablar español; trabajar como empleada doméstica, pasar hambre y sufrir discriminación en la universidad.

Dijo que nada justifica cuando hay un acto violatorio de los derechos de la mujer; pero también dijo, hay que entender los contextos de forma integral: “Esta manera de ver la interculturalidad no es vista como la vemos nosotros, los de los pueblos indígenas”.

La defensora de los derechos de las niñas y las mujeres de La Montaña explicó que es una situación muy compleja y que la perspectiva de género “no es así desde nuestras comunidades. Tampoco podemos decir que todo es malo, que los hombres son malos o que las mujeres son malas; no, porque existe una cosmovisión del equilibrio,  de qué tan importantes somos las mujeres para nuestras ritualidades y qué tan importantes son los hombres también en eso y cómo existe el día y la noche”.

Esas ritualidades, dijo Martha Ramírez, se refieren “a cómo existe este equilibrio; cómo las mujeres sí podemos participar en estas prácticas rituales y en algunas no, no porque se nos niegue, sino porque existe toda una concepción de nuestra cosmovisión, del rol tan importante y de esa energía sagrada que traemos las mujeres en nuestro vientre”.

Agregó que esa cosmovisión del equilibrio y esa perspectiva de género la conocen cuando viven en comunidad “y también entendemos cuando algo estamos haciendo mal  y cómo entrar desde el diálogo propio de nosotros mismos al corazón mismo de nuestra cultura y decir, a ver, esa práctica no era así, esa práctica de la dote o de la venta no era así originalmente en nuestros pueblos, ¿qué fue lo que nos pasó?, ¿qué fue lo que trascendió?, ¿cuál fue el impacto que tuvimos?”, se cuestionó.

Y la respuesta tal vez esté en la denuncia que hiciera en se mismo conversatorio la antropóloga e investigadora de la escuela de Antropología Irma Maribel Nicasio González, quien recalcó que es la pobreza estructural y no solo la económica, sino la que tiene que ver con las instituciones y con la corrupción lo que mantiene  que mantiene a las mujeres y niñas de La Montaña de Guerrero en la marginación y víctimas de todo tipo de violencias, que aunque no solo suceden en los pueblos indígenas, sí es ahí en donde se muestran más acentuadas. 

El matrimonio por dote o trueque es delito de trata de personas

Aunque la activista Felícitas Martínez Solano rechazó que la denominación de “matrimonios forzados” al casamiento pactado en las comunidades, la responsable de la Comisión de defensa de los Derechos Humanos del colectivo de mujeres 50+1, Angélica de la Peña Gómez, señaló que de acuerdo con el artículo Segundo de la Constitución, los usos y costumbres no pueden estar por encima de los derechos humanos.

Agregó que cuando el matrimonio es decidido previa entrega de dote o por el trueque de mercancía o de dinero, “se habla literalmente, de que estás vendiendo, dando en trueque a una niña y entonces tienes aquí dos problemas: el de la violación de sus derechos por ser un matrimonio infantil, y eso abarca a todas las niñas, independientemente de su origen, y dos, el que haya un trueque y cuando estamos hablando de esa circunstancia, estamos hablando de trata de personas”.

La exsenadora perredista por la LXII Legislatura, comentó que la situación es compleja y que tiene que ver con varias leyes. “Que sí necesitamos que se entienda la necesidad de la importancia de actuar, por parte de las autoridades para que, junto con quienes están al frente de los sistemas normativos en esos lugares, entiendan que están frente a una violación a la ley”.

Es ahí en donde tanto Martha Ramírez Galeana, como Felícitas Martínez Solano advirtieron que debe tomarse en cuenta la interculturalidad y el conocimiento de la cosmovisión de los pueblos originarios de Guerrero.

La tarea no será fácil, advirtió en su intervención la secretaria de la Mujer, Violeta Pino Girón, quien anunció que mediante el programa “Estrategia Integral para la Justicia y el Bienestar de las Mujeres en Municipios de la las Regiones La Montaña y Costa Chica”, pretende resolver los matrimonios de niñas que suceden, informó, principalmente en nueve municipios de esas regiones: Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Xalpatláhuac, Tlapa de Comonfort, Atlamajalcingo del Monte, San Luis Acatlán, Igualapa y Tlacochistlahuaca.

“Es un reto difícil que requerirá la participación de todas y de todos” y en cuya estrategia interinstitucional, apuntó, se tomará en cuenta la participación de mujeres de los pueblos originarios.

Así lo tendría que ser, como lo recalcó en su ponencia la investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero,  Irma Maribel Nicasio González: “Lo que hace falta son políticas públicas que tengan seguimiento, continuidad, recursos, y un acompañamiento acorde con la cultura a la que pertenecen estas mujeres indígenas y de incluirlas en las decisiones, pues se trata de ‘construir con’ y no de ‘construir para’”, advirtió.