8M

José Antonio Rivera Rosales

A querer o no, los hechos violentos ocurridos en las últimas 24 horas ensombrecieron la
conmemoración anual de la lucha internacional por los derechos civiles de las mujeres,
que en Guerrero ha mostrado avances sensibles durante la gestión de Evelyn Salgado.

Normalistas de Ayotzinapa chocaron anoche con policías del estado en un retén de
revisión de vehículos, en la salida a Tixtla. Según la version oficial, los uniformados fueron
agredidos con disparos, tras lo cual los estatales repelieron la agresión y abrieron fuego
contra los jóvenes hieriendo a dos y deteniendo a uno más.

Los normalistas, que ofrecieron una conferencia de prensa en la madrugada, dijeron que
sus compañeros pararon en algun lugar para comprar cigarros cuando fueron
interceptados por policías estatales que los agredieron a tiros, quedando dos de ellos
heridos en el interior de la unidad mientras otro logró escapar.

Según la información que ha trascendido, dos de los normalistas fallecieron por los
disparos, aunque la Fiscalía General de Estado sólo ha confirmado la muerte de uno de
ellos, Yanqui Rothan Gómez Peralta, de 23 años, oriundo de Tixtla. Hasta el momento de
escribir estas líneas se desconocía la identidad del otro joven fallecido.

Este lamentable incidente se produce un día despues de que un grupo de supuestos
normalistas lanzaron un vehículo contra la puerta principal del Palacio Nacional, en
exigencia de un diálogo personal con el presidente de la república, quien recriminó la
acción pero confirmó que en 15 o 20 días tendrá un encuentro con los padres de los 43
jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, pero sin la mediación de sus representantes y
abogados, señaladamente Vidulfo Rosales, un mercenario que lleva años lucrando con esa
tragedia.

Por lo pronto, como lo ofreció Ludwig Reynoso en una conferencia de prensa esta
madrugada, el gobierno está obligado a esclarecer lo que pasó, deslindar
responsabilidades de los policías estatales implicados -que ya están a resguardo de la
fiscalía estatal-, y llevar ante los tribunales a quienes resulten responsables, incluidos los
normalistas que estuvieron involucrados en los hechos.

De entrada, de acuerdo con la versión gubernamental, los jovenes de Ayotzinapa
viajaban en una camioneta marca Nissan color blanco tipo NP300, modelo 2020, que
cuenta con reporte de robo. Además, en su interior los uniformados encontraron un arma
corta y presunta droga, lo que agrava la situación de los normalistas que festejaban un
aniversario fundacional de la escuela de Tixtla.

Según trascendidos la camioneta fue reportada por sus dueños, quienes fueron
despojados por los normalistas que andaban de fiesta. Como es habitual en estos casos, el
reporte de robo fue rápidamente boletinado a todas las postas de la corporación, que
finalmente localizaron el vehículo a la salida de Chilpancingo.
Si, como aseguran los uniformados, hubo intercambio de disparos, es labor de la fiscalía
esclarecerlo plenamente.

Pareciera que los jóvenes estudiantes creen contar con una patente de impunidad con la
cual pueden robar, cometer desmanes y vandalizar (como en el caso del Palacio Nacional),
sin que nadie deba reclamarles nada. No es así.

El gobierno estatal está obligado a aclarar estos acontecimientos que con seguridad
serán usados para darle un nuevo impulso al movimiento de protesta por la desaparición
de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hechos ocurridos en 2014.

Debe haber aquí una intervención rápida y determinante de la fiscalía, con la plena
coadyuvancia de la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de establecer un deslinde claro
de estos acontecimientos funestos que podrían crear un clima de inobernabilidad en el
estado, aunque de último minuto el presidente López Obrador ordenó que la Fiscalía
General de las República (FGR) sea la que atraiga el caso hasta su total resolución. En una
coyuntura así, la FGE quedará como coadyuvante.

Es particularmente importante esclarecer lo sucedido para mandar a la ciudadania un
mensaje irrefutable contra la impunidad, tanto de los policías como de los normalistas que
han encontrado en Guerrero un campo fértil para la anarquía política, etiquetada como
supuesta lucha social.

Ya basta de tanto vandalismo y atracos que, en la lectura de estos jóvenes
desorientados, es una forma de lucha heredada desde que Lucio Cabañas hizo sus
estudios en Ayotzinapa.

Aunque por desgracia de este ultimo incidente resultaron dos muchachos muertos, todo
debe aclararse y aplicar la ley a quien le toque para que, al fin, la comunidad
chilpancinguense pueda constatar que existe la ley y la justicia. Los habitantes de
Chilpancino han sido los principales afectados por los disturbios que, con y sin pretexto,
llevan a cabo los estudiantes normalistas.

Si los colectivos feministas pensaban conmemorar un aniversario más de la lucha
femenina por los derechos civiles -lucha que comenzó en 1905 en Europa-, lo que pasó
durante la noche y la madrugada vino a enlutar toda esta perspectiva.

Es tan grave la ocurrencia de estos hechos, que la Mesa de Coordinación para la
Construccion de la Paz, que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado –en la que concurren
los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia-
se declaró en sesión permanente hasta esclarecer estos hechos de sangre.

Esperemos los resultados peliminares en las próximas horas por parte de la FGR para
determinar lo conducente tanto en materia penal como la postura del gobierno estatal en
lo social.

Lo único cierto es que la ley y la justicia deben prevalecer, aún si ello implica estudiantes
normalistas que deben entender que la ciudadanía lo único que quiere es que estudien.
Nada más.