José Antonio Rivera Rosales

 La semana pasada apareció muerto en prisión el hombre detenido por su presunta implicación en el homicidio de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la alcaldía de Coyuca de Benítez por la alianza PRI-PAN-PRD.

   El crimen del candidato, que causó una conmoción nacional, ocurrió el pasado 29 de mayo en su comunidad natal, Las Lomas, cuando se aprestaba a dirigir ante la concurrencia su discurso de cierre de campaña. En ese momento, un hombre que fingía estar en silla de ruedas súbitamente se levantó y disparó dos veces a la nuca del aspirante.

   De inmediato el tirador fue abatido por los escoltas del candidato caído, en tanto la Guardia Nacional procedía a detener a otro de los cómplces del asesinato, conocido como La Rubia. Este hombre, que fue recluido de inmediato en el Cereso de Acapulco, amaneció muerto el pasado miércoles 12 en las celdas de la prisión preventiva, según informó la Secretaría de Seguridad Púbica (SSP).

   Evidentemente lo asesinaron para cortar la línea de investigación que permitiría saber a ciencia cierta quién o quiénes ordenaron el homicidio que, al quedar videograbado, causó conmoción en todo el país. De hecho, esa brevísima filmación quedó como una suerte de marca registrada característica del proceso electoral del pasado 2 de junio.

   Pero el caso del candidato asesinado no es el único que ha sacudido a este importante municipio habitado por más de 73 mil habitantes, puerta de entrada a la Costa Grande de Guerrero.  Otros incidentes de violencia extrema han conmocionado a la población coyuquense en diversas fechas.

   El pasado jueves 16 de mayo, como un precedente siniestro, los cuerpos desmembrados de Anibal Zúiga Cortés y de su esposa Rubí Bravo Solís fueron encontrados sobre la avenida Ruiz Cortínes de Acapulco. Zúñiga Cortés formaba parte como candidato a regidor de la planilla del Cabrera Barrientos, el candidato ultimado días después.

   Pero éstos no son los únicos hechos de violencia extrema en Coyuca: el pasado 3 de octubre, mediante una falsa llamada de auxilio, un grupo armado emboscó a 13 efectivos de la Policía Municipal de ese municipio.

   El saldo fue de 13 uniformados acribillados, entre ellos el secretario de Seguridad Pública Municipal, Alfredo Alonso López, y el director de la Policía Preventiva, Honorio Salinas Garay. 

   Según la narrativa que se conoció entonces, los uniformados se desplazaron a la carretera ante el supuesto aviso de un secuestro, pero a la altura del poblado El Papayo fueron emboscados con fuego de fusiles que les causaron bajas de inmediato. 

   Aunque algunos policías repelieron la agresión, los disparos fueron tan nutridos que finalmente cayeron de la camioneta. Más adelante, al interior del poblado, fueron encontrados varios uniformados tirados sobre un banco de arena, donde recibieron ráfagas de armas automáticas. La forma en que fueron sacrificados esos jóvenes policías induce a pensar que fueron sometidos con vida y rematados al interior de esa comunidad.

   Como quiera que haya sido, se trató de una masacre. Para haber atacado y sometido a un grupo tan numeroso de uniformados, los atacantes -desconocidos hasta ahora- debieron ser al menos el doble de individuos. Según los reportes de testigos, los agresores enfilaron hacia la sierra.

   Esa zona, en la ruta desde el poblado de Aguas Blancas hasta Tepetixtla, se ha caracterizado como refugio de grupos guerrilleros que, al contacto con la delincuencia organizada, han sufrido una metamorfosis perturbadora.

   El día primero de junio, después del asesinato del candidato Cabrera Barrientos, fuerzas de seguridad -integradas por personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía del Estado y Policía Ministerial- en la comunidad de Pueblo Viejo localizaron un campamento donde encontraron 51 artefactos explosivos.

   Ni el gobierno de la República ni el gobierno del estado han informado hasta ahora qué tipo de artefactos son los encontrados, ni qué tipo de campamento, pero sin duda existe una relación orgánica entre lo encontrado y los hechos de violencia que han sacudido a Coyuca de Benítez, así como a Acapulco.

   El asesinato en prisión del implicado en ese crimen político es sin duda una muestra inequívoca de acciones concertadas para evitar que se descubra lo que hay detrás.

   Reportes de inteligencia apuntan a que La Familia es la organización criminal que tiene presencia en Coyuca de Benítez. Aunque han surgido reportes de prensa que hablan también del Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG), lo cierto es que no se han encontrado indicios claros de las operaciones de esa otra estructura criminal.

   La muerte tanto de Cabrera como de Zuñiga parece ser una operación del crimen organizado en colusión con un interés político. Serían los mismos intereses que enviaron un mensaje mortal en octubre pasado por vía de la ejecución de los 13 miunicipales  masacrados.

   Pero es aquí donde llama la atención el silencio del alcalde Ossiel Pacheco Salas.  Casualmente desde que esta persona accedió al poder municipal es cuando se manifestaron diversos hechos que perfilaban un proceso de descomposición social,  manifestado a través de secuestros y extorsiones.

   Sería procedente que la Fiscalía General de la República (FGR) proceda a investigar los posibles nexos de Pacheco con el crimen organizado, lo que podría abrir un espacio a la verdad que subyace bajo las apariencias.

   El gobierno de la República tanto como la Fiscalía General del Estado (FGR) están obligados a informar a la ciudadanía qué se hace para aclarar tantos homicidios que mantienen en el temor y la incertidumbre tanto a la ciudadanía de Coyuca como de Acapulco. 

   Hasta ahora sólo hemos conocido una inanición informativa que de ningun modo ayuda a entender las cosas. La tranquilidad de la población coyuquense, al igual que la comunidad guerrerense en lo general, debiera ser la prioridad de los mandos de seguridad federales y estatales.