Emite CNDH recomendación por tortura ocurrida en Acapulco en 2015

Ciudad de México, 17 de marzo de 2023.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, por violaciones graves de los derechos humanos a la integridad personal y al trato digno.

Lo anterior, debido a actos de tortura ejercidos contra una persona detenida el 25 de agosto de 2015 por siete elementos de la entonces Policía Federal.

Según la información de la CNDH, la víctima fue detenida junto con otras dos personas en el municipio de Acapulco, Guerrero, por policías que realizaban un patrullaje en el marco del operativo denominado Acapulco Seguro.

Las víctimas fueron trasladadas ante la autoridad ministerial federal de la localidad por la presunta comisión de conductas delictivas advertidas en flagrancia.

La CNDH recibió dos escritos de queja por parte de la defensoría Pública Federal en representación de la víctima, el 10 y 23 de septiembre de ese mismo año, en los que se señaló que la persona denunciante fue víctima de actos de tortura y presentó huellas de sangrado en la membrana timpánica izquierda, mismos que fueron perpetrados por los elementos aprehensores, basándose en la declaración ministerial rendida tras la detención y en un dictamen de integridad física emitido por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Además, la CNDH señaló que la versión de la víctima coincide con una declaración testimonial recabada ante el juez de la Causa Penal, en la que se describe que los elementos de la entonces Policía Federal ingresaron a la habitación que rentaban provisionalmente para alojarse con su familia, mientras que eran cuestionados acerca del paradero de personas que no conocían, así como de la ubicación de sustancias psicoactivas.

La CNDH solicitó a la SSPC que proceda a la inmediata reparación integral del daño y que, para ello, colabore en el trámite de inscripción de la víctima ante el Registro Nacional correspondiente, además de otorgarle la medida de compensación en los términos previstos en la Ley General de Víctimas.

También exigió que la Secretaría brinde atención médica y psicológica a la víctima de forma continua y gratuita por personal profesional especializado ajeno a la dependencia involucrada, así como proporcionarle los medicamentos necesarios sin costo alguno.