Comparecen familiares de indígena de La Montaña ante la CIDH; a 16 años de su asesinato, buscan justicia.
Denuncia que, a 16 años del homicidio, persiste la impunidad y se denuncian violaciones a garantías judiciales e intimidación contra la familia en la búsqueda de justicia.
Francisca Santiaguez
Chilpancingo, Gro., 13 de marzo de 2026.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció este viernes una audiencia pública sobre el caso del indígena Bonfilio Rubio Villegas, indígena de La Montaña, asesinado hace 16 años, presuntamente por integrantes del Ejército Mexicano.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del 195 periodo de sesiones del organismo; la CIDH escuchó el testimonio de Verónica González González, familiar de la víctima, quien expuso los obstáculos que los familiares han enfrentado para encontrar justicia.
En su intervención denunció presuntas violaciones a las garantías judiciales, así como actos de intimidación contra la familia en la búsqueda de justicia y que, a 16 años, el homicidio permanezca “en la impunidad”.
Rubio Villegas, asesinado el 20 de junio de 2009, cuando contaba con 30 años, viajaba en un autobús de pasajeros de Tlapa a Huamuxtitlán, para visitar a su familia.
Pero al llegar a un retén militar en el municipio de Huamuxtitlán, elementos del Ejército Mexicano realizaron una inspección de rutina a los pasajeros. Sin embargo, cuando la unidad comenzaba a avanzar, los soldados presuntamente abrieron fuego de manera repentina y uno de los disparos impactó al joven, provocándole la muerte inmediata.

Aunque la víctima era un civil, la jurisdicción militar atrajo inicialmente el caso, lo que según los representantes legales obstaculizó una investigación imparcial.
Sin embargo, en 2012 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las autoridades civiles debían investigar el expediente.
Con la audiencia se busca la intervención del organismo internacional para que finalmente se abra una investigación imparcial por parte de las autoridades mexicanas.
En la audiencia participaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y del Robert F. Kennedy Human Rights, quienes presentaron argumentos y actualizaciones del caso ante el organismo internacional.
Los representantes del gobierno mexicano también expusieron los argumentos del Estado.
