Rechazan Colectivos de Guerrero el informe federal sobre desapariciones

Francisca Santiaguez

Chilpancingo, Gro., 30 de marzo de 2026.-El informe presentado el 27 de marzo por el gobierno federal en materia de búsqueda y localización de personas desaparecidas generó inconformidad en los colectivos de familiares de personas no localizadas en Guerrero.

David Molina Rodríguez, uno de los representantes del Colectivo Lupita Rodríguez, afirmó que hay una tendencia oficial no solo a reducir las cifras de personas desaparecidas, sino también a restar importancia a la crisis forense que enfrenta el país.

En entrevista recordó que, durante el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se llevó a cabo un recuento con cifras a la baja en el registro de personas desaparecida, cuya cantidad se ubicaba en alrededor de 90 mil casos, lo que consideró una estrategia para minimizar la problemática.

“Es una falta de respeto para las familias y para las víctimas que siguen desaparecidas. El gobierno no las visibiliza y siempre tiende a disminuir las cifras”, reprochó.

Denunció la reiterada cancelación de reuniones con autoridades locales y del ámbito federal para tratar el tema, hasta en cuatro ocasiones, la más reciente se tenía programado para el pasado 17 de marzo, sin que exista una nueva fecha programada.

Ante el panorama, no descartó que los colectivos participen en acciones de protesta en el contexto de eventos internacionales, como ocurrió durante el partido de México contra Portugal, cuando familiares de desaparecidos se manifestaron en las inmediaciones del estadio Banorte.

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Indicó que estas acciones buscan visibilizar la crisis de desapariciones en el país. “No se puede dejar de lado la realidad que estamos viviendo”.

Sobre la iniciativa de la Ley de Desaparición Forzada en Guerrero, Molina Rodríguez señaló que el dictamen se encuentra prácticamente concluido en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, con base en propuestas de los colectivos, tras más de 20 reuniones de trabajo.

Pero uno de los puntos que genera inconformidad es el ámbito jurídico de la Comisión Estatal de Búsqueda, ya que los colectivos han insistido en que cuente con autonomía, patrimonio propio y capacidad de gestión, además de un presupuesto garantizado.