4 June, 2026
Estados Unidos busca el decomiso de bienes de Rocha Moya y otros implicados
Los acusados deberán entregar todos los bienes vinculados, directa o indirectamente, a ganancias derivadas de presuntas actividades de asociación delictuosa
02 de mayo de 2026.- La estrategia legal impulsada desde el Distrito Sur de Nueva York contra altos funcionarios de Sinaloa no se limita a sanciones penales. El expediente judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos también plantea una ofensiva enfocada en el desmantelamiento financiero total de los señalados, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.
El documento detalla que el Gran Jurado incluyó “Notificaciones de Decomiso” como parte central del caso. Bajo este criterio, los acusados deberán entregar todos los bienes vinculados, directa o indirectamente, a ganancias derivadas de presuntas actividades de asociación delictuosa para la importación de narcóticos.
La medida también alcanza al senador Enrique Inzunza Cázarez, al exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y al vicefiscal general Dámaso Castro Saavedra, entre otros. El expediente establece que el decomiso incluye propiedades utilizadas o destinadas a facilitar el tráfico de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.
Persecución de bienes sustitutos
El gobierno estadounidense advierte que, si no localiza los bienes originales tras procesos de investigación, o si estos se transfieren, venden o pierden valor, podrá incautar cualquier otro activo de los acusados hasta cubrir el monto estimado del beneficio ilícito.
Esta disposición cierra la posibilidad de mover patrimonio a terceros, familiares o prestanombres, y amplía el alcance del tribunal para asegurar la recuperación de activos equivalentes.
Incautación de armas y activos
El expediente también incluye el decomiso de armas de fuego, municiones y equipo táctico relacionados con las acusaciones. Entre los elementos mencionados aparecen camiones blindados, fusiles AK-47 y AR-15, así como lanzagranadas y bazucas presuntamente utilizados para proteger operaciones del Cártel de Sinaloa.
En el caso de Juan Valenzuela Millán, “Juanito”, las autoridades ordenan el decomiso total de bienes muebles e inmuebles vinculados a presuntos delitos de secuestro con resultado de muerte, además de recursos económicos derivados de esas actividades.
Sobornos y red de corrupción
El documento judicial sostiene que la estructura operó mediante una red de sobornos sistemáticos a funcionarios. De acuerdo con la acusación, policías y mandos ministeriales recibieron pagos mensuales que iban de 5 mil 450 a 16 mil 670 dólares a cambio de protección e información.
Las autoridades estadounidenses buscan ahora recuperar todos los recursos vinculados a esa red de corrupción, la cual, según el expediente, facilitó la expansión de la facción de “Los Chapitos” en Sinaloa y otras regiones.
