Chilpancingo, 24 de julio de 2023.- En respuesta a la alarmante prevalencia de abuso sexual infantil en México, diputados de la LXIII Legislatura han aprobado varias reformas este año para fortalecer el marco jurídico en defensa de las niñas, niños y adolescentes.

Estas acciones se tomaron para garantizar los derechos de los menores y favorecer su desarrollo óptimo, a la luz de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que colocan a México en el primer lugar mundial en abuso sexual contra menores, con más de 600 mil casos reportados.

Las reformas clave incluyen modificaciones al Código Penal y a la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, estableciendo agravantes para el delito de abuso sexual contra menores de 18 años y la creación de un banco de datos con estadísticas enfocadas en violencia familiar y sexual contra menores.

Ante los escasos reportes de casos de abuso sexual (solo 100 de cada mil son denunciados) y el porcentaje aún más pequeño que resulta en una sentencia condenatoria (solo el 1%), las reformas también establecen penas de prisión más severas.

Aquellos que cometan violación contra menores de 15 años, así como los que realicen cópula sin violencia con personas menores de 18 años, podrían enfrentar penas de 10 a 40 años.

Además, se está trabajando para armonizar la Ley número 812 para la Protección de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes del Estado con las normas federales. Esto permitirá al Gobierno del Estado, en colaboración con la Federación, elaborar un banco de datos con perspectiva de infancia y adolescencia en casos de violencia familiar y sexual.

Las diputadas de la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Congreso del Estado también se han reunido con representantes de UNICEF para discutir estrategias de prevención del reclutamiento de menores por grupos armados, entre otros temas.

Estos esfuerzos se suman a las reformas del año pasado, que incluyeron cambios en el Código Penal del estado para prohibir el matrimonio infantil y la creación del Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos para responsabilizar a quienes no cumplan con sus obligaciones alimentarias por más de 30 días o sean condenados por tal delito.