José Antonio Rivera Rosales

Con el próximo arribo de 600 efectivos de la Guardia Nacional, ascenderá a más de un millar de elementos el estado de fuerza de esa corporación federal, que se encuentra acantonada en Guerrero para auxiliar en las labores de combate a la violencia.

Es, sin duda, una muestra efectiva del apoyo del gobierno federal a la administración de Evelyn Salgado para hacer frente a los retos de la inseguridad campante que se ha extendido a lo largo y ancho del territorio estatal, pero que se ha recrucecido en ciudades como Chilpancingo y Acapulco.

Lo cierto es que desde que arribó al poder, hace dos años, la gobernadora Evelyn Salgado ha contado de siempre con el apoyo de las Fuerzas Federales a través de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Eso ha permitido contener el avance de la delincuencia común y organizada, que a veces se funden en un solo fenómeno que agravia cada vez con más frecuencia a la ciudadanía.

El problema tanto en Acapulco como en la capital del estado es que no se cuenta con las policías preventivas, que en ambos casos -como en muchos otros municipios-, están contaminadas por el crimen o, simplemente, carecen del personal, equipo y armamento suficiente para hacer frente a los chicos malos. Los casos de Acapulco y Chilpancingo son emblemáticos de policías municipales ineficientes y corruptas.

Los incidentes recientes de violencia han mostrado que el personal adscrito a la Policía del Estado resulta insuficiente para afrontar tantas transgresiones a la ley por todo el territorio.

Entonces es necesario que el gobierno del estado tome decisiones que tienen que ver con la construcción de infraestructura de prevención del delito, con apoyo efectivo a la Fiscalía General del Estado (FGE) para la integración de unidades especializadas de investigación, y con el fortalecimiento de las policías municipales, previa depuración de sus filas.

El proyecto para la profesionalización de la policía estatal lo estaba impulsando el general Juan Heriberto Salinas, pero tras su salida el plan quedó a medias. Salinas creó las primeras Unidades de Fuerzas Especiales (UFE) de la policía estatal, así como construyó también varios edificios en distintas regiones de Guerrero para albergar a los destacamentos. Era, como vemos ahora, una visión de largo plazo que debiera retomarse durante la actual administración.

Según información que trascendió publicamente, de los tres mil 500 efectivos de la PE  registrados en aquella fecha, el proyecto era construir una corporación de 15 mil hombres para estar en condiciones de cubrir todo el territorio. Inclusive se contemplaba crear unidades aerotransportadas para concurrir en lugares remotos en caso de emergencias.

Hasta ahora se desconoce qué es lo que pasó con ese ambicioso proyecto de profesionalización de la Policía del Estado, pero es claro que la situación imperante obliga a reconsiderarlo. Para el efecto, la gobernadora Evelyn Salgado tendría que redefinir sus prioridades presupuestales, porque para impulsar un proyecto de tal naturaleza lo que se necesita en dinero.

Hay que dejar en claro que, pese a su juventud e inexperiencia en la gobernanza, la mandataria guerrerense ha sabido enfrentar los retos que se le han presentado, aunque en otros casos -como el del crimen organizado- la responsabilidad corresponde enteramente a la Fiscalía General de la República al tratarse de delitos del fuero federal.

Los homicidios, empero, toca perseguirlos a la Fiscalía General del Estado que, al igual que en el caso de la PE, necesita recursos para afrontar los graves hechos de violencia que se producen por doquier.

En esencia, corresponde a la mandataria junto con su gabinete reasignar recursos extraordinarios para fortalecer las filas de quienes previenen y combaten el delito en el estado de Guerrero, esto es la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la FGE. Es de reconocer que, con recursos limitados, ambas instituciones están haciendo su tarea.

Si hacemos cuentas, el millar de efectivos de la GN que operan en Guerrero, así como los miles de soldados del Ejército Mexicano acantonados en Guerrero (probablemente unos ocho mil instalados en los batallones respectivos), además de las Fuerzas Especiales que también están en Guerrero, constituyen una fuerza impresionante, pero, lamentablemente, siguen siendo insuficiente para contener el delito. Ello, sin contar son la Infantería de Marina que también auxilia en casos necesarios.

Sin duda es refrescante contar con el apoyo de las Fuerzas Federales -entiéndase la GN, Sedena, Armada y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-, pero el gobierno de Guerrero debiera asignar los recursos necesarios para fortalecer la SSP y la FGE, con el fin de que cuenten con mejores condiciones para contener y perseguir a la delincuencia.

Al congreso corresponde también una tarea esencial: aprobar el presupuesto enfocado en esos propósitos, pero, también y sobre todo, redefinir el marco legal para promulgar leyes más severas contra los transgresores, en especial de mayor punitividad contra la violencia en mujeres y niñas, contra el secuestro, la extorsión y, desde luego, el homicidio.

Hasta donde sabemos todos esos delitos están previstos en la ley, pero de lo que se trata es que se dote a la legislación penal de más dientes para combatir la impunidad y evitar que los transgresores se vayan a sus casas con una sonrisa en la boca después de haber violentado a otras personas, especialmente a mujeres y niñas.

Créame, gobernadora, nuestra población más desprotegida -que suelen ser los más pobres- se lo agradecerá.