José Antonio Rivera Rosales

La irrupción violenta en Chilpancingo el pasado lunes 10 de julio parece constituir, según toda la evidencia, un ensayo del grupo Los Ardillos para medir la respuesta gubernamental ante el avance de la criminalidad.

Sin embargo, en este caso particular el trasfondo parece ser de tipo electoral, para lo cual primero captaron la atención de la incauta alcaldesa Norma Otilia Hernández, a quien terminaron por convertir en un producto desechable.

Lo mismo está haciendo La Familia con algunos alcaldes de Tierra Caliente, operación que incluye al municipio de Iguala así como al turístico Taxco de Alarcón, donde el acoso delincuencial obligó a suspender servicios a la ciudadanía, lo que nunca había ocurrido.

Estamos presenciando una escalada delincuencial que busca hacerse del poder político, visto que en la mayoría de los casos ya tiene el control territorial que les permite contar con el respaldo de algunos sectores de la población -en la mayoría de los casos, como base social obligada-, lo que les garantiza operatividad e impunidad para sus objetivos.

Así pues ¿qué les impide tomar el poder político si la mayoría de los actores -de todos los partidos políticos, por cierto- están comprometidos con el narco? 

Ya vimos este proceso en Colombia, donde el capo Pablo Escobar logró infiltrar el poder político y obtuvo una cartera en el parlamento; estaba a punto de lanzarse a la presidencia cuando fue detenido por el gobierno colombiano, que integró bloques de búsqueda para darle caza, más obligado por su relación con Washington que por interés propio.

Escobar fue uno de los pioneros en el uso de carros-bomba y explosivos para causar miedo entre sus enemigos, pero también entre la población. Es un escenario que ya se está presentando en México en la forma de narcoterrorismo. Sólo habría que revisar el reciente ataque con explosivos que causó al menos 6 policías muertos y 12 heridos en Tlajomulco, Jalisco.

Constituído en el año 2000 por Celso Ortega Rosas, a quien apodaban precisamente El Ardillo ( murió en 2011), ese grupo criminal tuvo un crecimiento vertiginoso de la mano  de Celso Ortega Jiménez,  jefe visible de esa formación ilegal que se ha reputado como una de las más sanguinarias del estado de Guerrero. En 20 años ha cimentado un imperio criminal que ahora parece aspirar al poder político.

El único antecedente parecido de una incursión violenta de grupos afines a Los Ardillos se produjo del 9 al 14 de mayo de 2015 en Chilapa, cuando unos 300 hombres armados, que se hicieron llamar Comunitarios por la paz y la justicia (en realidad, un grupo de fachada de esa estructura criminal) irrumpieron en Chilapa, tras lo cual desaparecieron unas 30 personas que nunca fueron vistas de nuevo. Como es natural, la operación causó espanto entre la pacífica población de Chilapa.

Guardadas las distancias, esa incursión de 300 sujetos armados -que en realidad buscaba al grupo delictivo Los Rojos-  sería un antecedente que expone las tácticas de ese grupo delincuencial. Lo ocurrido en Chilpancingo los días 9, 10 y 11 parece ser una fase superior que configurará la actuación a futuro de esos criminales.

Cuestión aparte, aquella incursión en Chilapa desencadenó reacciones de la población civil, especialmente de algunos pueblos y comunidades náhuatls que vieron amenazadas su vida y su patrimonio.

Una lectura más acuciosa de los acontecimientos podría enumerarse de la siguiente manera:

A contrapelo de lo que dice el obispo emérito Salvador Rangel, este grupo criminal de Los Ardillos en los últimos 20 años ha sido el azote de las comunidades del centro del estado, especialmente de los pueblos indígenas a los que ha encerrado en sus propias localidades so pena de perder la vida si actúan de manera independiente. En pocas palabras, ha tomado el control territorial de varios municipios de la zona centro, donde ha extorsionado, secuestrado y asesinado a cientos de personas.

Para defenderse, una veintena de comunidades náhuatls de la zona de Rincon de Chautla se organizaron y, con apoyo de los pueblos fundadores de la Policía Comunitaria de San Luis Acatlán, crearon su propio órgano de autodefensa que, hasta la fecha, ha mantenido a raya a los criminales, pero a un alto costo. Más de 40 personas han perdido la vida por enfrentarlos. El resultado es la integración de la CRAC-PF, que ha confrontado a los delicuentes con relativo éxito. El problema es que esas 20 comunidades organizadas en la CRAC-PF sobreviven en un estado de sitio permanente.

Además de la CRAC-PF, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) es la otra formación popular que ha confrontado a Los Ardillos por el control del territorio cercano a Chilpancingo, especialmente la carretera México-Acapulco a la altura del Valle del Ocotito. Es absolutamente una mentira que la UPOEG actúa en complicidad con los delincuentes.

Parece existir una instancia interna en el gobierno de Evelyn Salgado (probablemenge en la Secretaría General de Gobierno) que ha definido falsamente a la UPOEG como aliada de la delincuencia, cuando no es así. Esa formación surgió en 2010 como una respuesta popular armada ante el acoso del crimen organizado. Que no están dentro de la ley, por supuesto que no (ni siquiera existe una legislación que pudiera reglamentarlos), pero son liderazgos populares que han enfrentado al crimen organizado, como en el caso de la CRAC-PF.

Es por eso que sorprendió que, con información tendenciosa, las Fuerzas Federales comenzaron a detener y desarmar a los comunitarios de la UPOEG, como si del crimen organizado se tratara.  La UPOEG también ha perdido a decenas de sus elementos, incluídos algunos líderes populares valiosos.

Tanto la CRAC-PF como la UPOEG debieran contar con apoyo de los gobiernos federal y estatal si es que se pretende, en lo sucesivo, acotar las incursiones de Los Ardillos.

La mala noticia es que hay indicios firmes que apuntan a un acuerdo entre La Familia y Los Ardillos, como se observó claramente los días 9, 10 y 11 de julio con los ataques contra transportistas así como la manifestación violenta que enfrentó a la policía antimotines y utilizó un vehículo blindado como ariete contra las puertas del Palacio de Gobierno y del Congreso del Estado. Los manifestantes no actuaron como inconformes sociales, sino como una horda.

Por fortuna, el gobierno de la morenista Evelyn Salgado tomó la precaución de enviar 300 agentes desarmados para tratar de contener la rebelión y desocupó los edificios públicos con el fin de preservar la integridad personal de los trabajadores del estado y del municipio. De no haberlo hecho, a estas alturas estaríamos lamentando un nuevo Aguas Blancas. 

Es claro que las formaciones criminales tienen planes que involucran el proceso electoral de 2024. Por eso es tan grave que surja una alianza entre La Familia y Los Ardillos, que de esa manera buscarán influir en el proceso electoral con candidatos propios y  mantendrán atenazada a la capital guerrerense.

La aplicación de la ley, en estos casos, es irreductible y no debería ser vista como un acto de represión. Es una responsabilidad que, dadas las circunstancias, corresponde a las Fuerzas Federales así como a la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la parte alta de la Sierra Madre del Sur, los jefes de la formación conocida como Tlacos (de Tlacotepec, donde tienen su cuna) han observado con coraje contenido el avance de sus enemigos para tomar control de Chilpancingo, pero por fortuna han mantenido una prudente distancia para evitar choques armados. Esa actitud, sin embargo, no durará mucho tiempo.

Los Tlacos no han mostrado el músculo, pero en realidad cuentan con una fuerza armada de más de cinco mil individuos a los que han entrenado durante años con el apoyo de exmilitares, lo que les permitió crear una fuerza especial de elite que haría estragos si se llega a confrontar con los sicarios de Los Ardillos o de La Familia.

Este es el escenario que deberán afrontar en un futuro mediato los gobiernos federal y estatal. Y es el escenario que favoreció la alcaldesa de Chilpancingo al reunirse con capos de formaciones criminales enfrentadas.

Es un futuro en el que particularmente el gobierno de Evelyn Salgado deberá tomar todas las providencias necesarias para enfrentar al crimen organizado que, en un abierto desafío, amenaza la paz social y la tranquilidad de la población civil que sólo se dedica a trabajar.

Tal como se observan las cosas, la alcaldesa Norma Otilia Hernández parece haber vendido la plaza dos veces, con consecuencias que apenas podemos vislumbrar. Dios nos libre de una confrontación entre estas bandas criminales.