Congreso Guerrero: Proponen dar prisión preventiva a presuntos extorsionadores

Chilpancingo, Gro., 15 de marzo de 2023.- El diputado Joaquín Badillo Escamilla, presentó en el Congreso de Guerrero una iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para dar prisión preventiva a personas acusadas del delito de extorsión.

Lo anterior, con el objetivo de integrar el mencionado delito al catálogo que cuenta con la medida cautelas, para que así quienes sean señalados de haberlo cometido permanezcan privados de la libertad mientras se lleva a cabo su proceso penal, garantizando así la seguridad de las víctimas.

En el documento, el diputado de Morena menciona que la violencia asociada a los grupos delincuenciales se ha incrementado en el país, particularmente en Guerrero, lo que ha traído reclamos de la sociedad civil, por carecer de acciones legales efectivas que prevengan estos actos y desarticulen a las organizaciones criminales. 

El delito de extorsión en Guerrero

Badillo Escamilla señaló que la extorsión es una de las prácticas que mayormente afectan a los guerrerenses, mismo que se que se encuentra tipificado en el artículo 243 del Código Procesal Penal del Estado.

Sin embargo, señaló que a pesar de ello no cuenta con medidas cautelares como la prisión preventiva, y se ha convertido en un acto común ejercido ya no solo por los grupos delincuenciales, sino por muchos ciudadanos que lo ven como una forma de obtener recursos económicos. 

“La extorsión es una forma efectiva de ejecutar acciones violentas, que pueden ser de manera directa o indirecta, con nuevas modalidades; sin embargo, las más recurrentes son por vía telefónica, donde se amenaza a una persona con secuestrar a un ser querido si no paga determinada cantidad de dinero; por anónimos y de tipo personal, donde miembros de las organizaciones delincuenciales acuden a exigir el denominado cobro de derecho de piso, o cobro de protección”

Joaquín Badillo

El legislador subrayó que dicho delito ha afectado completamente la actividad comercial, con mayor incidencia en los municipios de Acapulco, Chilpancingo, Zihuatanejo, Taxco, Tlapa, Iguala, Tierra Caliente y parte de la zona Norte, causando no solo daño físico, psicológico y patrimonial a las víctimas, sino a las familias que sufren un miedo profundo por su integridad y por la pérdida de sus bienes o sus ahorros.