4 July, 2026
¡Sin pruebas! México descarta detención de Rocha Moya
Las autoridades mexicanas no procederán sin elementos sólidos que acrediten la urgencia ni el riesgo de evasión de la justicia
Ciudad de México., 04 de mayo de 2026.- La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de detención presentada por autoridades de Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cumple con los requisitos legales para considerarse urgente.
Durante la conferencia matutina del 4 de mayo de 2026, la funcionaria explicó que la Fiscalía General de la República determinó que el país solicitante no aportó pruebas suficientes para justificar una detención provisional con fines de extradición, figura que exige condiciones excepcionales.
Además, subrayó que las autoridades mexicanas no procederán sin elementos sólidos que acrediten la urgencia ni el riesgo de evasión de la justicia, por lo que mantendrán el caso en revisión hasta contar con mayor información.
“No se aportó ningún elemento o prueba que acredite la urgencia, por lo que la solicitud no está debidamente fundamentada y es necesario requerir información adicional”, sostuvo la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján.
Sin pruebas, no hay detención
Durante su exposición, la funcionaria explicó la diferencia entre los mecanismos legales que contempla el tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Aclaró que las autoridades estadounidenses no presentaron una solicitud formal de extradición, sino únicamente una petición de detención provisional.
Detalló que la extradición formal exige documentación completa, como la relación de hechos, pruebas, fundamentos legales y una orden de aprehensión. En contraste, la detención provisional solo procede en casos urgentes, cuando existe riesgo de fuga o de obstaculización de la justicia.
En este caso, la solicitud —emitida por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York— no acreditó el carácter de urgencia, por lo que las autoridades mexicanas no pueden avanzar hacia una detención inmediata.
Sin prisa, México revisa
La Secretaría de Relaciones Exteriores canalizó la solicitud y pidió una opinión técnica a la Fiscalía General de la República, que concluyó que la petición carece de sustento suficiente.
Alcalde Luján precisó que la Fiscalía no ha emitido un juicio sobre la existencia de algún delito ni ha definido si procedería una detención en caso de recibir nuevas pruebas, por lo que el proceso continúa en una etapa preliminar.
Añadió que, si Estados Unidos logra acreditar la urgencia, la FGR podrá presentar el caso ante un juez de control, quien tendría la facultad de ordenar medidas cautelares, incluida la detención provisional, e iniciar un proceso con un plazo legal de hasta 60 días.
Piden confidencialidad en el caso
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján, denunció que la filtración de información sobre el caso vulnera principios fundamentales del debido proceso.
Advirtió que la exposición mediática ha generado un “linchamiento mediático” contra las personas señaladas, lo que pone en riesgo el respeto a sus derechos.
En este contexto, el Gobierno de México solicitó formalmente a Estados Unidos mantener la confidencialidad del caso, en apego al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia.
“La Fiscalía ha solicitado preservar la confidencialidad para evitar que la difusión prematura sesgue a las autoridades y contamine las pruebas”, explicó la consejera jurídica, Luisa María Alcalde Luján.
Las autoridades mexicanas reiteraron que el caso aún no entra en una fase judicial formal. Hasta ahora, no existe una orden de aprehensión en México ni un proceso de extradición en curso, por lo que la solicitud de Estados Unidos permanece en revisión.
El Gobierno de México subrayó que mantendrá una postura basada en el cumplimiento estricto de los tratados internacionales y en la defensa de las garantías procesales, con el objetivo de evitar decisiones precipitadas que comprometan la legalidad del proceso.
En ese sentido, Luisa María Alcalde Luján fue clara: sin pruebas suficientes no es posible proceder con una detención, y cualquier avance dependerá de la información que presenten las autoridades estadounidenses en los próximos días.
