José Antonio Rivera Rosales

      En una sesión ocurrida el pasado 14 de noviembre, por unanimidad de 121 votos el Senado de la República aprobó modificaciones constitucionales que otorgan facultades de investigación y operaciones a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que encabeza Omar García Harfuch.

   Días después, el 21 de noviembre, la Cámara de Diputados hizo lo propio con 441 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, con lo cual se ampliaron facultades a la SSPC para la investigación de los delitos mediante operaciones de inteligencia.

   Ambas cámaras autorizaron inclusive un presupuesto extraordinario de cinco mil millones de pesos para el equipamiento, adquisición de tecnología y adiestramiento que, en teoría, se destinará a combatir la criminalidad.

   En la víspera, el Congreso de Guerrero también aprobó las modificaciones al artículo 21 constitucional, con lo que faltaría  que al menos 15 congresos locales hagan lo mismo para que los ajustes a la ley adquieran plena vigencia en todo el territorio nacional.

   De acuerdo con el plan oficial, quedarán adscritas a la SSPC el Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes CISEN), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con lo cual la dependencia a cargo de García Harfuch efectivamente se transforma en una supersecretaría con amplias facultades de inteligencia, investigación y operaciones para combatir al crimen.    

   En teoría, las operaciones de la UIF permitirán al gobierno federal la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio, que a su vez facilitará el decomiso de propiedades y otras  riquezas mal habidas -fortunas en dólares- al narco mexicano. Con todo ello este funcionario se convierte de facto en el hombre más poderoso del gobierno de Claudia Sheinbaum. 

   Lo que no resulta claro es cómo quedaría en este esquema el Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI), creado en 2015 por el gobierno de Enrique Peña Nieto después de la atrocidad en la cual delincuentes, policías y funcionarios desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. 

   El equipo regional de esa estructura de inteligencia operativa, el CERFI, fue instalado precisamente en Iguala. Después ya no se supo si fue desmantelado o integrado a alguna otra estructura gubernamental. Tampoco se sabe a ciencia cierta cuál sería el papel de la inteligencia militar -Sección Segunda del Ejército-, la inteligencia naval (Armada), el CENDRO de la Fiscalía de la Republica (FGR) y otros grupos “tapados” (clandestinos) que se desplazan por todo el estado. 

   De acuerdo con el esquema, la SSPC podrá coordinarse con las fiscales estatales y las policías locales para cumplir su cometido, que es precisamente combatir el delito, especialmente en los casos en que esté involucrado el crimen organizado. Además,García Harfuch  contará con el apoyo irrestricto de los 130 mil efectivos que integran la Guardia Nacional.   

   Parece claro que con la designación de García Harfuch  cambió por completo la estrategia de combate al crimen organizado que, hasta estas fechas,  ha mantenido en vilo a la población civil de todo el país, especialmente en lo que respecta al delito de extorsión.

   Los últimos acontecimientos ocurridos en Guerrero, donde se registró la incursión de un centenar de extranjeros armados en la Costa Grande -que fueron aplastados por el Ejército-, así como las últimas detenciones relacionadas con homicidios de alto impacto en esta entidad, revelan un cambio de rumbo en materia de criminalidad.

   Claro que ello dista totalmente de la política del expresidente Andrés Manuel López Obrador -más bien, ausencia de política- que se tradujo en un empoderamiento del crimen organizado en todo el país, lo que benefició no sólo a las grandes formaciones criminales -cartel de Sinaloa (CDS), Jalisco Nueva Generación (CJNG), cartel de Caborca y el cartel del Noreste (la continuidad de los Zetas)-, sino también a los grupos criminales menos prominentes pero igualmente sanguinarios.

   En Guerrero las formaciones más beligerantes son la Familia Michoacana y Los Ardillos, que han generado un clima de terror en amplias porciones del estado de Guerrero. 

   En Acapulco son dos los grupos que sostienen un enfrentamiento brutal, choque que ha genetrado un clima penetrante de zozobra entre la población porteña: el Cartel Independiente de Acapulco (CIDA) y el Cartel de Los Rusos.

  Para dar una idea de la brutalidad de ambos grupos criminales, baste citar que entre enero y octubre de 2023 se registraron en el puerto 393 asesinatos, en tanto que en el mismo lapso de tiempo, pero de este 2024, la cifra subió a 572 homicidios, la mayoría cometidos con una saña inaudita.

   Si tomamos en cuenta que en los 85 municipios este año se han cometido un mil 505 asesinatos, se comprenderá porqué estos números generan preocupación en los gobiernos estatal y federal que, en fecha reciente, acordaron impulsar un cambio de estrategia para detener la criminalidad galopante. Como se puede apreciar, la tercera parte de los crímenes fueron cometidos en Acapulco.

   Los acuerdos de coordinación se concretaron en fecha reciente entre la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y el secretario García Harfuch, lo que ya comenzó a percibirse en los hechos:    

• El pasado 12 de noviembre se produjo la aprehensión del militar retirado Germán Reyes, encargado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Chilpancingo, por su presunta responsabilidad en el brutal asesinato del alcalde Alejandro Arcos, homicidio que conmocionó a la población local y nacional. Según la versión oficial, este exmando policiaco sería parte de la estructura del grupo de Los Ardillos, que jefatura  Celso Ortega Jiménez.

• Dos dias después, el 14, fuerzas federales detuvieron en Querétaro a Vicente Gerardo Telefor Garza, acusado de delitos de delincuencia organizada y otros del fuero federal. Pocos lo saben, pero este sujeto sería quien orquestó el asesinato del dirigente indígena Bruno Plácido Galindo. Conocido como Comandante Garza, este sujeto era parte de la policía comunitaria de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrro (UPOEG), a cargo de la vigilancia comunitaria en Tecoanapa. Como ahora vemos, mudó su lealtad en favor del grupo delictivo el que combatía.   
• Los días 16, 19 y 20 de noviembre, fuerzas federales en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron tanto en Chilpancingo como en Acapulco a varios individuos que se dedicaban a cometer homicidios,  al robo de carros, así como a uno de los responsables del incendio al restaurante La Cabaña, de Caleta. Todos estos detenidos, según la autoridad, pertenecen al CIDA. De esta manera las fuerzas federales han golpeado a uno de los grupos criminales más violentos de Guerrero. 

   Según trascendidos creíbles, las fuerzas federales -SSPC, CNI, Ejército, Guardia Nacional, Armada de México – se aprestar a realizar nuevas aprehensiones para descabezar a algunas de las formaciones más violentas no sólo de Guerrero, sino de otros estados del país.

   Si esto es así, comenzaremos a ver los resultados de una decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum que ya no tiene vuelta atrás. Ya era hora.