Chilpancingo, 14 de abril de 2023.- El diputado Carlos Cruz López presentó una iniciativa para reformar el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero con el objetivo de asegurar un acceso igualitario a la justicia para todas las personas.

La propuesta establece que en caso de que una de las partes en juicio no tenga los recursos económicos suficientes para designar a un perito, el juez de conocimiento le designe uno.

Durante la exposición de la propuesta, el diputado de Morena destacó que la Constitución Política y los Tratados Internacionales obligan a las autoridades a garantizar, promover, respetar y proteger los derechos humanos de las personas, incluyendo el acceso a la justicia en igualdad de condiciones y un debido proceso.

El artículo 311 de la Ley Procesal Civil vigente en el estado establece supuestos en los que las partes pierden el derecho para designar perito si no hacen el nombramiento en el término correspondiente, lo cual genera una desventaja a la parte que no lo nombró por cuestiones económicas, debiendo conformarse con el dictamen que emite el perito de la parte contraria, lo cual da margen a una injusticia normativa procesal.

Por lo anterior, Cruz López considera necesario reformar el Código Civil Procesal para que las autoridades encargadas de los órganos jurisdiccionales garanticen un trato igualitario a las personas que buscan justicia, pero que en muchas ocasiones se encuentran en situaciones económicas limitadas, lo que las coloca en un plano de desventaja frente a su contraparte.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

Chilpancingo, 14 de abril de 2023.- El diputado Antonio Helguera Jiménez, miembro de Morena, propuso una reforma a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado en Guerrero.

El objetivo es inhibir las prácticas perniciosas en el sector de la construcción de infraestructura física y combatir la corrupción, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas en el estado.

La iniciativa del legislador busca que las empresas constructoras comprueben estar debidamente constituidas y al corriente con sus obligaciones fiscales, además de tener la capacidad técnica y financiera suficiente para potenciar el desarrollo económico y social de la entidad.

Helguera Jiménez afirmó que la ejecución de obra pública en Guerrero es sensible a la corrupción y que las modificaciones propuestas buscarán lograr obras de calidad, duraderas y útiles.

El diputado también señaló que el otorgamiento de contratos a personas físicas o morales por compromisos políticos o prestanombres de servidores públicos empoderados ha dejado obras de mala calidad que no cumplen con el proyecto técnico o incluso cobran por obras fantasma.

Por lo tanto, la iniciativa busca garantizar un piso parejo e igualdad de oportunidades para todos los concursantes en la construcción de obra pública.

La propuesta de adiciones y reformas a la Ley de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso para su análisis y dictaminación.

Según la iniciativa, ningún contratista o licitante podrá iniciar obras sin su registro correspondiente en el Padrón de Contratistas de Obras Públicas, si no está debidamente formalizado o no cuenta con el Certificado de No Conflicto de Interés y la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

El director de Cultura entregó reconocimientos a los ponentes, quienes expresaron su agradecimiento al Gobierno Municipal por la invitación que recibieron para participar en el evento.

Chilpancingo, 11 de abril de 2023.- El diputado Bernardo Ortega Jiménez, del Grupo Parlamentario del PRD, presentó una propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado de Guerrero para establecer un mecanismo de designación de los magistrados del Poder Judicial que garantice la imparcialidad y la profesionalización de las personas propuestas para desempeñar los cargos.

Ortega Jiménez mencionó que diversos organismos internacionales, como la ONU, la OEA y la Corte Interamericana, han emitido principios y recomendaciones para el debido funcionamiento de jueces, juezas, fiscales, defensoras y defensores públicos, y que una de las garantías principales a las que hacen referencia es la independencia.

Actualmente, en México, los magistrados son designados por el Consejo de la Judicatura Estatal a propuesta del Poder Ejecutivo, y ratificados por el Congreso del Estado, situación que “los vincula al Poder Ejecutivo y también determina, en los hechos, la designación de quien preside el Tribunal Superior de Justicia, lo que puede afectar seriamente la independencia y autonomía de los órganos impartidores de justicia a nivel local”, explicó el legislador.

En este sentido, propone que el gobernador remita una terna al Congreso local tres meses antes de que finalice el nombramiento de la persona que ostente una magistratura en el Poder Judicial, para que comparezcan en un plazo de 45 días naturales, tras lo cual serán designados con el voto de las dos terceras partes del total de integrantes de la legislatura.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.