18 June, 2026
Proponen reforzar protocolos para prevenir la violencia escolar en Guerrero
Señalan que no se trata únicamente de conflictos entre pares propios de la convivencia cotidiana, sino de conductas sistemáticas de agresión, intimidación, exclusión, discriminación o abuso
Chilpancingo, Gro., 01 de marzo de 2026.— La Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado analiza una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en Entorno Escolar del Estado, con el propósito de fortalecer el marco jurídico y prevenir, atender y erradicar la violencia en los centros educativos. La propuesta incorpora mecanismos de coordinación interinstitucional, protocolos de actuación inmediata, medidas de protección eficaces y procedimientos claros que garanticen el interés superior de la niñez.
El diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó dicha iniciativa, argumentando que la violencia en el entorno escolar es uno de los desafíos más relevantes para los sistemas educativos contemporáneos, pues incide directamente en el desarrollo cognitivo, emocional y social de la niñez. Señaló que no se trata únicamente de conflictos entre pares propios de la convivencia cotidiana, sino de conductas sistemáticas de agresión, intimidación, exclusión, discriminación o abuso de poder que generan afectaciones profundas y prolongadas en la personalidad, autoestima y trayectoria educativa.
Agregó que el derecho de la niñez a desarrollarse en ambientes sanos y seguros encuentra sustento en el marco jurídico internacional de los derechos humanos y en diversos tratados internacionales.
Sin embargo, expuso que en Guerrero la violencia escolar presenta características particulares vinculadas al contexto comunitario. La coexistencia de problemáticas sociales como desigualdad, violencia comunitaria, desintegración familiar, migración y uso intensivo de redes sociales influye en la reproducción de conductas agresivas dentro y fuera de los planteles educativos.
Por ello, propone fortalecer la coordinación interinstitucional, establecer protocolos obligatorios de actuación inmediata, garantizar medidas de protección eficaces para las víctimas, incorporar mecanismos de denuncia seguros, generar registros estadísticos confiables y promover la cultura de paz.
Asimismo, se reconoce que la persona generadora de violencia también requiere intervención educativa y psicosocial para evitar la reincidencia, privilegiando enfoques restaurativos sobre medidas exclusivamente punitivas.
Además, se incorpora la participación comunitaria y municipal, reconociendo que la prevención no puede limitarse al interior de la escuela. La recuperación de espacios públicos, la mediación comunitaria, la participación de madres y padres de familia y la promoción del liderazgo juvenil resultan fundamentales para modificar patrones culturales que normalizan la violencia. De igual forma, se destaca la importancia de los organismos de derechos humanos en la supervisión, investigación y emisión de recomendaciones que garanticen la protección efectiva de la niñez.
