La jueza federal argentina María Servini solicitó al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) obligar a las empresas de telecomunicaciones a adoptar datos biométricos. De esa manera, el gobierno argentino busca evitar los casos de SIM Swap.

Gustavo López, vicepresidente de Enacom, señaló que la jueza pidió al ente regulador adoptar las medidas necesarias para evitar el hackeo de teléfonos celulares por medio del SIM Swap. En ese sentido, el ente regulador de telecomunicaciones optó por solicitar información biométrica al requerir una nueva tarjeta SIM por hurto o sustitución.

Al perder, extraviar o simplemente cambiar las tarjetas SIM de los celulares, las empresas deberán de verificar los datos biométricos para evitar el robo de identidad o hackeo.

El SIM Swap es un método de robo de datos e identidad que se hace aprovechando la falta de seguridad de los operadores móviles al solicitar una nueva tarjeta SIM. Generalmente, los atacantes se comunican con las empresas de telecomunicaciones para reportar un robo o extravío; pero las operadores no corroboran la identidad y los datos requerido son de fácil acceso, especialmente si son figuras públicas.

Tal es el caso de Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad de Buenos Aires, quien fue víctima del robo de la línea telefónica en octubre de 2022. Como consecuencia, algunas de sus conversaciones fueron publicadas, lo que provocó su dimisión del cargo público.

Después de engañar a la operadora y el atacante consigue el cambio de línea a la tarjeta SIM, podrá recibir llamadas y mensajes de texto. Sin embargo, también podrá acceder a WhatsApp, Telegram y otras aplicaciones de mensajería validando el número de teléfono.

Si bien, los casos de SIM Swap son escasos, al menos dos funcionarios públicos argentinos han sido víctima.

México y los datos biométricos

En México, Instituto Nacional Electoral (INE) almacena los datos biométricos de 93 millones 638 mil 216 personas, es decir, huellas dactilares y fotografía del rostro de los ciudadanos. El organismo utiliza la identificación biométrica para evitar registros duplicados.

Sin embargo, en el 2020 el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, solicitó al INE formalmente que le entregarán los datos biométricos de los ciudadanos registrados en el padrón electoral. Una petición que generó polémica y a la cual el organismo se negó por estar imposibilitado de realizar.

De acuerdo con la Segob, solicitaban la información biométrica con la finalidad de “crear un registro para emitir una cédula nacional única de identificación”. Pero, de acuerdo con Ciro Murayama, Consejero del INE, la ley de protección de datos impide al Instituto dar esa información a otro organismo o dependencias.