El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Marina entregar la versión pública de la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa y Ciberseguridad 2021-2024. De esa manera, la secretaría deberá dejar visible el apartado de introducción y el marco legal.

La información sobre la operación, realizada junto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), fue reservada por cinco años por la Semar. De acuerdo con la dependencia, si se daba a conocer lo requerido por el solicitante, se pondría en riesgo la seguridad nacional.

Sin embargo, el solicitante emitió un recurso de revisión para tener acceso a algunos apartados de la Estrategia Conjunta de Ciberdefensa Sedena- Semar. Dicho documento cuenta con los siguientes apartados: introducción, marco jurídico, alcance, objetivo general, misión, visión, objetivos específicos, líneas de acción y glosario.

Ante la negativa de la Semar, el solicitante señaló que “por ningún motivo” se debe de reservar un libro completo. No obstante, la dependencia guardó celosamente los protocolos que forman parte de una estrategia entre la Sedena y Semar para la ciberseguridad.

Tras analizar la información proporcionada por la Semar, el Comisionado Francisco Javier Acuña advirtió que se puede realizar una versión pública del documento. En dicha versión, debe estar visible la introducción y marco jurídico, pues estos no contienen datos que puedan ser utilizados por ciberdelincuentes o grupos de la delincuencia organizada.

Acuña argumentó en el Pleno que el ciberataque masivo abrió, con una dimensión inexacta, documentos sensibles de la Sedena.

En ese tiempo ocurrió un acontecimiento que nos cimbró a todos en México, (…) el ciberataque masivo, llamado Guacamaya Leaks, que prácticamente dejó un boquete que no quisieron decir con exacta dimensión los propios militares de la Sedena”, recordó el Comisionado

Carlos Loret de Mola anunció el 29 de septiembre haber recibido seis terabytes de información hackeada a la Sedena por parte de Gucamaya. Los datos robados comprenden de 2016 hasta 2022 y mencionan al “Culiacanazo”, así como contratos para la construcción del Aeropuerto Internacional de Tulum y del Tren Maya.

Por medio de los Guacamaya Leaks, se demostró que el ejército vigila grupos feministas, a quienes considera una amenaza a la par con cárteles del crimen organizado. Se mostró el uso del software Pegasus para espiar periodistas y defensores de derechos humanos. Así como un seguimiento por parte de los militares a la normal de Ayotzinapa antes de la desaparición de los 43 normalistas.